Petróleo de Venezuela: el acuerdo cede el 55 % de 17 campos a una empresa cuyo nombre no aparece en ningún papel

El 28 de agosto de 2026 Donald Trump escribió en Truth Social que Estados Unidos ha asegurado "el control mayoritario estadounidense de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela". Lo llamó el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial.

Ese mismo día circularon tres cifras distintas para la misma operación. Trump habló de más de 65.000 millones de barriles. El funcionario que informó a CBS dijo 63.000. El titular de CBS News puso 60.000. Entre la alta y la baja bailan 5.000 millones de barriles, más que las reservas probadas de Noruega enteras.

Y quien firma la cesión por el lado venezolano no es la oposición que reclama haber ganado las elecciones. Es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta que la Delta Force lo sacó de Caracas, y presidenta encargada desde dos días después de aquella madrugada.

Qué está firmado, y en letra de quién

La estructura que describen los despachos: una concesión a cien años sobre 17 campos, otorgada a una sociedad conjunta privada. Estados Unidos se queda el 55 %, repartido entre participación accionarial y el derecho a comprar el crudo a precio de coste. Un funcionario la definió como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas del mundo, solo por detrás de Saudi Aramco.

El documento del que cuelga todo lo demás es anterior y es público. La ficha oficial del Departamento de Energía, del 7 de enero de 2026, dice:

Todos los ingresos de la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos se depositarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos de reconocimiento global.

Añade que esos fondos se desembolsarán "a discreción del Gobierno de Estados Unidos". Discreción es la palabra que hay en el papel.

El candado legal se abrió antes que el acuerdo. El 29 de enero de 2026 la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, firmada por Rodríguez en la Gaceta Oficial N.º 6.978 Extraordinario: el nuevo artículo 36 permite que el socio privado minoritario tenga papel preponderante y, por primera vez, que empresas privadas comercialicen el crudo. Enfrente está el artículo 303 de la Constitución de 1999, que obliga al Estado a conservar la totalidad de las acciones de PDVSA. Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera, lo llama acto inconstitucional.

El socio que no tiene nombre

El operador privado que se queda los campos no aparece identificado en ningún comunicado. Los despachos lo describen solo como un operador con experiencia en Venezuela cuya identidad no se ha revelado. The Wall Street Journal apunta a Chevron y Halliburton, sin confirmación. Se sabe el porcentaje del Estado y no quién es el socio.

Las dos mayores petroleras estadounidenses se han quedado fuera: el consejero delegado de ExxonMobil llamó a Venezuela "no invertible", y Exxon y ConocoPhillips han dicho que no. La desconfianza tiene expediente: la expropiación del Orinoco de 2007 acabó en laudos del CIADI de 8.700 millones a favor de ConocoPhillips. Han firmado, en cambio, Repsol y Hunt Oil.

Las reservas que nadie ha auditado

Los 65.000 millones son cerca del 21 % de las reservas oficiales venezolanas: 303.000 millones de barriles, la mayor cifra declarada del planeta. La declara Venezuela y la publica la OPEP sin verificación independiente. Entre 2005 y 2011 pasó de menos de 80.000 millones a casi 300.000 sin descubrimientos que lo justificaran, por la reclasificación del crudo de la faja en el Proyecto Magna Reserva. Se reparte un inventario que nadie de fuera ha contado.

Hay otro salto que tampoco cuadra. El 7 de enero el anuncio era de 30 a 50 millones de barriles; ocho meses después, 65.000 millones. Un factor de más de mil.

El dinero ya cobrado no aparece entero

El Financial Times, cruzando el 22 de julio datos de carga de Kpler con precios de Argus Media, estimó unos 13.000 millones de dólares de crudo venezolano vendido por Estados Unidos desde enero. El Departamento de Estado reconoció 3.000 millones en costes operativos y 300 devueltos a Venezuela. El Departamento de Energía no contestó.

El 4 de agosto, en Fox News, Trump dijo que "estamos ganando cientos de miles de millones de dólares". PolitiFact lo calificó de falso: eso multiplicaría varias veces el PIB entero de Venezuela, unos 111.000 millones según el FMI. Ese día los demócratas del Comité de Supervisión pidieron por escrito a Tesoro, Energía y Estado dónde está el dinero.

Que el Estado entre como accionista tampoco es excepción venezolana: la Administración acumulaba en 2026 unos 26.700 millones en treinta operaciones de capital. Es el mismo despacho que borró el nombre del lago Ontario del registro federal por orden ejecutiva, y el mismo tablero en el que seis meses de guerra en Ormuz han dejado dos versiones incompatibles del mismo canal.

Lo que falta por conseguir

Tres documentos, no tres opiniones. El contrato de la sociedad conjunta, con el nombre del operador y el reparto entre acciones y derecho de compra a precio de coste. El desglose contable que se reclamó a Tesoro, Energía y Estado en agosto. Y una auditoría externa de las reservas de la faja, la primera de la historia: sin ella, el 55 % lo es de una cifra que solo existe en un formulario de la OPEP.

Y queda una pregunta sin dueño. La firma que entrega los campos la pone la número dos del hombre que espera juicio en Brooklyn, y ese juicio no empieza hasta el 1 de junio de 2027. Si el tribunal acaba describiendo cómo se llegó a esa firma, ¿qué pasa con el contrato?